INICIATIVAQUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE Y POR UNA NUEVA CULTURA TRIBUTARIA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

 

Los que suscriben, Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que expide la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y por una nueva Cultura Tributaria, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante muchos años México ha sido un país en donde una gran mayoría de sus habitantes ha carecido de cultura tributaria..

La persistencia de un sistema de Gobierno en el que estuvo ausente por largo tiempo el cambio democrático originó un grave divorcio entre ese Gobierno y su pueblo. Los ciudadanos y ciudadanas del Estado mexicano no encontraron razones para contribuir a los gastos públicos; pues la ineficiencia y la corrupción del sistema desalentaron crónicamente a los contribuyentes nacionales.

Ante el cambio democrático que vive el país, es indispensable que el Estado mexicano haga una gran convocatoria a la Nación para fomentar el nacimiento y fortalecimiento de una cultura contributiva que permita la progresiva incorporación voluntaria y espontánea de los contribuyentes al Registro Federal, permitiendo igualmente la regularización efectiva de quienes ya se encuentran en ese padrón, pero no han sabido ser lo suficientemente escrupulosos en el cumplimiento de las normas fiscales.

Sucesivas reformas adoptadas por las Legislaturas Federales se han cifrado tan sólo en dar cada vez mayores facultades revisoras y de comprobación a las autoridades fiscales, en un afán por conseguir mayor recaudación por el único camino de la fiscalización y sanción a los contribuyentes. La indexación de los impuestos, los recargos, y las sanciones que, en su momento, llegaron a ser hasta de tres tantos de la prestación fiscal omitida, han configurado el complejo e inequitativo panorama del sistema fiscal mexicano, junto con las múltiples resoluciones de las autoridades hacendarias anuladas o dejadas sin efecto por los Tribunales Federales, en virtud de múltiples vicios formales y de procedimiento en que comúnmente incurren las autoridades de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público.Pese a las importantes y numerosas facultades de comprobación de que están legalmente dotadas las autoridades hacendarias, y que incluyen, entre otras, la presunción de ingresos por erogaciones del contribuyente, la presuntiva de ingresos acumulables y de base gravable, la posibilidad de efectuar visitas domiciliarias hasta por 18 meses e incluso, en algunos casos, por tiempo indefinido, la intervención a la caja, la caducidad hasta por diez años de las facultades de las autoridades fiscales, la posibilidad de la Secretaría de Hacienda de regularizar el procedimiento de determinación de créditos en perjuicio del contribuyente a partir de la sentencia dictada en un medio de defensa promovido y ganado por él mismo; no han bastado sin embargo para lograr una mayor recaudación y actualmente, pese a tantas facultades de molestia y afectación contra el contribuyente, México sigue teniendo un porcentaje de recaudación de los más bajos sobre el Producto Interno Bruto, internacionalmente comparado.

La solución simplista de dotar todavía con mayores facultades de fiscalización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no puede ser la respuesta legislativa adecuada a esta grave problemática, pues las experiencias obtenidas avalan precisamente lo contrario. Los nuevos contribuyentes se rehúsan a ingresar a un sistema que cada vez resulta más riguroso y literalmente asfixiante y así México continúa siendo uno de los países con menor porcentaje de contribuyentes dados de alta en el Registro Federal, menos de ocho millones en un país de más de cien millones de habitantes.

Las experiencias internacionales presentan, sin embargo, una clara tendencia a fortalecer mejor los derechos y garantías del contribuyente, como un medio más idóneo de incrementar la recaudación, pues el marco de certeza jurídica y la consagración legal y sistemática de nuevos esquemas de defensa y protección de los contribuyentes han incidido de manera importante en un crecimiento real y efectivo de los ingresos tributarios, según esas mismas experiencias internacionales. La eficiencia del Fisco federal depende de que su incapacidad administrativa sea efectivamente sancionada, mediante las nuevas garantías otorgadas a los sujetos pasivos de los tributos.

Es por eso que se propone a la consideración de esta digna Asamblea el proyecto de Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes y por una nueva Cultura tributaria, que ha sido inspirado en buena parte en una exitosa legislación española.

El objetivo de la nueva ley es reconocer y enunciar de manera sencilla los principales derechos y garantías de los contribuyentes en sus relaciones con la Administración Tributaria, sin desconocer, por ello, ni invalidar los derechos y garantías de que actualmente ya vienen gozando en virtud de las diversas leyes fiscales vigentes, principalmente el Código Fiscal de la Federación.La ley introduce asimismo medidas novedosas en el sistema fiscal mexicano, principalmente con dos objetivos: permitir y promover la incorporación de los contribuyentes, personas físicas, al padrón tributario, garantizándoles la impunidad por las actividades gravadas que al margen de la ley hubieran podido venir realizando hasta antes de su inscripción y garantizar a los contribuyentes que ya se encuentran inscritos y que son objeto de auditorías por parte de la Secretaría de Hacienda, la posibilidad de regularizarse de manera definitiva, mediante un acuerdo previo con la autoridad fiscal que los autorice para corregir su situación fiscal sin entorpecer, ni descapitalizar su actividad productiva, efecto que actualmente llegan a producir las visitas fiscales. Dentro de este marco, se sanciona a la autoridad hacendaria con la negativa ficta (no determinación de contribución omitida) si en los nuevos plazos legales, para hacer valer sus facultades comprobatorias o emitir la resolución determinante del crédito, no lo hace. En este sentido se estima también que la duración prolongada y, a veces, indefinida de las visitas de auditoría o la repetición de varias visitas a un contribuyente sobre un mismo periodo y contribución, práctica no ajena a las autoridades hacendarias, promueven la falta de certeza jurídica entre los contribuyentes e interfieren en el desarrollo de sus actividades productivas, de las cuáles el país está tan necesitado y que no han tenido, por cierto, hasta ahora, el mejor marco institucional y económico para su desarrollo.

Asimismo se garantiza a las personas físicas y morales que por primera vez incurran en una infracción de las leyes fiscales que traiga aparejada la omisión de contribuciones una multa mínima, en lugar de la establecida por el Código Fiscal de la Federación.

Se estima que este tipo de medidas en lugar de afectar los ya por ahora pobres parámetros de recaudación de la Hacienda Pública, coadyuvarían a incrementar de manera notoria la recaudación, ya que muchos contribuyentes están esperando una oportunidad accesible que les permita regularizarse sin tener que pagar los altísimos costos que hoy día representa omitir una contribución y que en muchos casos son de tal magnitud que aumentan hasta en mil por ciento la contribución omitida y paralizan la actividad económica del contribuyente.

La "amnistía fiscal" se convierte en una exigencia relevante en una sociedad que ha carecido de confianza en sus autoridades y en la que apenas empieza a perfilarse el cambio democrático, pero la misma debe instrumentarse no conforme a acuerdos de facilidades parciales y temporales que sólo medran más la poca confianza del contribuyente, sino a través de novedosos mecanismos legales que, dictados por la doctrina tributaria internacional, permitan la introducción de un nuevo pacto fiscal entre los mexicanos y su Gobierno, por eso la misma ley contiene diversas disposiciones sobre información y transparencia del actuar hacendario.

Por las mismas razones la nueva ley preceptúa la instrumentación de una Campaña Nacional Contributiva, que vincule en la conciencia popular el sacrificio económico que representa el pago de impuestos, con el crecimiento de México y la política inquebrantable de destinar esas contribuciones al desarrollo social y al servicio público de la Nación.

La ley que se propone a la consideración de esta Legislatura tiene, entre otras ventajas, no requerir la creación de nuevos órganos administrativos a efecto de llevar a cabo su aplicación y observancia, lo que no es beneficio menor en un Estado que precisamente sufre por lo menguado de sus Finanzas Públicas; sin embargo la ley se refiere y correlaciona con la propuesta legislativa que ya existe para establecer la Procuraduría o Instituto de Defensa del Contribuyente, dando así un mayor contenido y eficacia a la creación del mismo.Si bien la nueva ley, salvo en los aspectos comentados, conserva intactas el conjunto de facultades con que hoy cuenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fiscalizar a los contribuyentes, se estima que no podrá ser únicamente a través de la política fiscalizadora y sancionadora, que tiene su peor expresión en el llamado "terrorismo fiscal" como podrá lograrse la contribución efectiva del pueblo mexicano a soportar las cargas fiscales indispensables para los gastos públicos, y que es de importancia política inaplazable, la efectiva convocatoria de ese Estado a su pueblo para que al recomponer la relación jurídico- tributaria en un marco de confianza, buena fe y acogida a los nuevos contribuyentes y a los contribuyentes regularizados, se finque un pilar indispensable del nuevo pacto social que permitirá la prevalencia de la Justicia y la modernización de la sociedad mexicana.

Por los motivos anteriores nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente:Iniciativa de decreto que expide la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y por una nueva Cultura Tributaria.

Único: Se expide la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y por una nueva Cultura Tributaria, en los siguientes términos:Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y por una nueva Cultura Tributaria

CAPÍTULO I
Disposiciones GeneralesArt. 1_.- La presente ley tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales y es aplicable a todas ellas, en especial a las pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria. Los derechos que se deriven de la presente ley se entienden reconocidos sin perjuicio de los que se establecen en el resto de las leyes fiscales aplicables, en especial el Código Fiscal de la Federación.

Los derechos y garantías consagradas en la presente ley en beneficio de los contribuyentes, les serán igualmente aplicables a los restantes sujetos pasivos, específicamente a los responsables solidarios, definidos por el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, así como a los representantes legales de éstos y de los contribuyentes.

Art. 2_.- Los tributos deben atender a la capacidad económica y contributiva de los sujetos pasivos de la relación tributaria, así como a los principios de equidad, generalidad, equitativa distribución de la carga tributaria, no confiscatoriedad y destino de los tributos. Asimismo, la aplicación de las normas del sistema tributario se basará en los principios de generalidad, proporcionalidad y eficacia y limitación de los costos indirectos derivados de las obligaciones fiscales.

Art. 3_.- La ley reconoce como derechos generales de los contribuyentes los siguientes:

I. Derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como acerca del contenido y alcance de las mismas.
II. Derecho a obtener, en su beneficio, las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales aplicables sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.
III. Derecho a conocer el trámite de los procedimientos en los que sea parte.
IV. Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personas integrantes del Servicio de Administración Tributaria bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que tengan condición de interesados.
V. Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones presentadas por el contribuyente.
VI. Derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad actuante.
VII. Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por el Servicio de Administración Tributaria, los cuales solo podrán ser utilizados para la efectiva determinación y cobro de las contribuciones y sus accesorios.
VIII. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal del Servicio de Administración Tributaria.
IX. Derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales del Servicio de Administración Tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos onerosa.
X. Derecho a formular alegatos y presentar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución administrativa.
XI. Derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución determinante del crédito o cobro fiscal, en los términos de las leyes respectivas.
XII. Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, acerca de la naturaleza y alcance de las mismas, así como sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales, incluida la presente ley.
XIII. Derecho a suspender el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales mediante la adopción de acuerdos previos de valoración y liquidación de las obligaciones tributarias a revisar.
XIV. Derecho a acudir al procedimiento conciliatorio para la resolución de sus conflictos de intereses con las autoridades fiscales del Servicio de Administración Tributaria, interrumpiendo hasta por tres meses el plazo para la presentación de los recursos y medios de defensa que procedan en contra de la resolución o acto administrativo que, en su caso, constituya el conflicto de intereses cuya conciliación se solicita en términos de la Ley de la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes.
XV. Derecho a que se le imponga una sanción equivalente al 10% de la contribución fiscal omitida actualizada en términos de las leyes respectivas, cuando se trate de la primera infracción sancionada efectivamente por las autoridades fiscales, respecto de ese contribuyente o responsable solidario. Tratándose de personas morales la sanción será del 35% de la prestación fiscal omitida, en los casos a que se refiere esta fracción.
XVI. Derecho a ingresar por primera y única vez de manera voluntaria al Registro Federal de Contribuyentes, sin que las autoridades del Servicio de Administración Tributaria puedan determinarle crédito fiscal alguno por contribuciones omitidas con anterioridad a esa fecha.
Esta disposición solo será aplicable a personas físicas cualquiera que sea el régimen fiscal bajo el que tributen. El cambio de régimen o ampliación de actividad en ningún caso dará lugar a una nueva aplicación de esta norma.

Art. 4_.- En la revisión y determinación de créditos fiscales omitidos, las autoridades fiscales deberán estar a las disposiciones legales de carácter procedimental y adjetivo, que resulten más favorables para el contribuyente, en especial las contenidas en esta Ley. El contribuyente podrá pedir que se le aplique la nueva norma de procedimiento, aun cuando no haya estado vigente en el ejercicio revisado por las autoridades fiscales, cuando dicha aplicación resulte en su beneficio.

Art. 5_.- Las leyes y los reglamentos que contengan normas tributarias deberán mencionarlo expresamente en sus denominaciones. Las leyes y reglamentos que modifiquen normas tributarias contendrán una relación completa de las normas derogadas y la nueva redacción de las que resulten modificadas.

Las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias, así como el de los recargos, y las referentes a la actualización de los créditos fiscales, tendrán efectos retroactivos cuando su aplicación resulte más favorable para el afectado. Las presunciones establecidas por las leyes tributarias pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto en los casos en que aquéllas expresamente lo prohíban.

Art. 6_.- Los datos, informes o antecedentes obtenidos por el Servicio de Administración Tributaria tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo a los supuestos previstos en las leyes. Las autoridades, funcionaros u otras personas del Servicio de Administración Tributaria que tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo los casos previstos en las leyes.

Los contribuyentes podrán acceder a los registros y documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud, respetando en todo caso lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal federal y

Art. 7_.- El Servicio de Administración Tributaria facilitará en todo momento al contribuyente el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Las actuaciones del Servicio de Administración Tributaria que requieran la intervención de los contribuyentes deberán de llevarse a cabo en la forma que resulte menos gravosa para éstos, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Art. 8_.- Los contribuyentes podrán en cualquier momento del procedimiento de comprobación y determinación de los créditos fiscales, previsto en el Código Fiscal de la Federación, aducir alegatos o aportar documentos u otros elementos de juicio, que deberán ser tenidos en cuenta para efectos resolutivos por los órganos competentes.

CAPÍTULO II
Información, Difusión y Asistencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Campaña Nacional Contributiva.Art. 9_ .- Las autoridades fiscales y el Servicio de Administración Tributaria deberán prestar a los contribuyentes la necesaria asistencia e información acerca de sus derechos y obligaciones en materia fiscal. Asimismo y sin perjuicio de lo que dispone el Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria realizará, entre otras, las siguientes actividades: publicación de textos actualizados de las normas tributarias de acceso gratuito para los contribuyentes, contestación oportuna y fundada en Derecho a consultas tributarias y adopción de acuerdos previos en auditorías para la liberación de obligaciones fiscales sujetas a revisión en virtud de las facultades de verificación de las autoridades fiscales.

Los contribuyentes que apeguen su actuación a los términos establecidos por los criterios manifestados por el Servicio de Administración Tributaria en las publicaciones, comunicaciones y contestaciones a consultas a las que se refiere el párrafo anterior, quedarán exentos de responsabilidad fiscal.

Art. 10.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria realizará una campaña permanente para fomentar y generar en la población mexicana la cultura contributiva. Dicha campaña se denominará "Campaña Nacional Contributiva", tendrá el carácter de masiva y popular y deberá efectuarse a través de los principales medios de comunicación, entre otros, televisión, cine, internet, publicaciones y prensa escrita.

Los lineamientos a que se sujetará la Campaña Nacional Contributiva, serán los siguientes:

I. Se efectuará en toda la República Mexicana, bajo el lema: "Contribuye por un México mejor".
II. Difundirá claramente el mensaje de que el objeto de las contribuciones que soporta la población es el gasto público, específicamente obras de infraestructura, aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, combate a la pobreza, educación, salud y demás programas públicos de servicio social.
III. Difundirá los derechos y garantías de que gozan los contribuyentes en los términos de la presente ley.
IV. Convocará a los habitantes que aún no tributan a que se incorporen de manera voluntaria y espontánea al Registro Federal de Contribuyentes, ofreciéndoles las garantías y derechos que esta ley les concede para ello.
V. Promoverá la transparencia del gasto público difundiendo en términos generales y comprensibles para la población la forma en que se ejerce el Presupuesto de Egresos de la Federación; indicando los mecanismos legales que los mexicanos y mexicanas tienen a su alcance para conocer la Cuenta Pública.

Art. 11.- El Servicio de Administración Tributaria acordará y ordenará la publicación al inicio de cada año de los textos actualizados de las Leyes y Reglamentos en materia tributaria en los que se hayan producido variaciones respecto de los textos vigentes en el ejercicio precedente. Asimismo, ordenará la publicación en igual plazo y forma de una relación de todas las disposiciones tributarias que se hayan aprobado en dicho ejercicio, así como de un compendio de las reglas misceláneas, circulares o cualquier otra disposición general emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que se encuentre vigente.

También tendrá la obligación de publicar periódicamente instructivos de tiraje masivo y comprensión accesible, donde dé a conocer a los contribuyentes, de manera clara y explicativa, las diversas formas de pago de las contribuciones y un método simple de autodeterminación de las mismas. El Servicio de Administración Tributaria así como el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación que tengan competencia en materia fiscal, deberán suministrar, a petición de los interesados, el texto integro de consultas, resoluciones concretas y sentencias administrativas y judiciales; suprimiendo para ello toda referencia a los datos que permitan la identificación de las personas a las que se refieren y sin perjuicio de los dispuesto en el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Art. 12.- El Servicio de Administración Tributaria informará a los contribuyentes de los criterios administrativos existentes para la aplicación de las normas fiscales a través de los servicios de información de las oficinas abiertas al público, facilitará la consulta a las bases informatizadas donde se contienen dichos criterios y remitirá comunicaciones destinadas a informar sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes de ingresos.

Art. 13.- Sin perjuicio de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes podrán formular al Servicio de Administración Tributaria consultas debidamente documentadas respecto del régimen, o la clasificación tributaria que en cada caso le corresponda. La Administración Tributaria deberá contestar por escrito las consultas así formuladas.

Dicha contestación tendrá carácter vinculatorio para las autoridades fiscales en la forma y términos previstos en el propio Código Fiscal de la Federación y en las leyes propias de cada tributo. El plazo máximo para contestar por escrito las consultas será de 3 meses.

Art. 14.- Respetando la confidencialidad de los datos individuales, el Servicio de Administración Tributaria informará al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, los datos estadísticos agregados sobre el ingreso, impuestos, deducciones y otros datos relevantes de los contribuyentes.

Art. 15.- Para estimular la obligación legal de los contribuyentes de entregar comprobantes fiscales por las operaciones que realicen, el Servicio de Administración Tributaria podrá organizar el sistema de lotería fiscal en el que, con diversos premios, participarán todos aquellos contribuyentes que hayan obtenido los comprobantes fiscales respectivos.